Abogados para Comunidades de Vecinos

La Ley de Propiedad Horizontal establece que el presidente, por iniciativa propia o a solicitud de cualquier propietario, debe requerir de forma fehaciente al vecino infractor para que cese su conducta, advirtiéndole de posibles acciones legales. Lo más recomendable es que este requerimiento se efectúe a través de un burofax enviado por un despacho de abogados especializado en comunidades de vecinos. Si el infractor persiste, será necesario convocar una Junta para autorizar la interposición de una demanda. En esta fase ya será obligatoria la intervención de abogado y procurador. La demanda debe ir acompañada del burofax y del acuerdo de la Junta. El letrado podrá solicitar medidas cautelares para asegurar el cumplimiento inmediato del cese. En caso de desacato, el vecino podría incurrir en un delito de desobediencia, siendo necesaria su defensa por un abogado penalista. La demanda puede dirigirse tanto contra el propietario como contra el ocupante del inmueble. La sentencia puede ordenar el cese de la actividad, una indemnización, la pérdida del derecho de uso del inmueble por hasta tres años, e incluso la extinción definitiva de sus derechos.

El comprador de una vivienda en régimen de propiedad horizontal responde con el propio inmueble de las deudas comunitarias que haya generado el anterior propietario, hasta el límite correspondiente a la parte vencida de la anualidad en curso y los tres años naturales anteriores. La finca queda legalmente afecta a esta obligación, lo que puede dar lugar incluso a embargos si la comunidad decide interponer una reclamación judicial. En la escritura pública de compraventa, el vendedor debe declarar si está al corriente de pago de las cuotas o derramas, o especificar el importe adeudado. Debe aportarse una certificación del estado de deudas emitida por el administrador con el visto bueno del presidente, en un plazo máximo de siete días. Esta certificación es indispensable, salvo que el comprador renuncie expresamente a ella.

El cargo de presidente es obligatorio por Ley. Si se nombra por sorteo o turno y el propietario electo no desea ejercerlo, puede acudir a un despacho de abogados para que solicite judicialmente su relevo, justificando los motivos. Esta solicitud debe presentarse en el mes siguiente al nombramiento. También será necesaria la intervención de abogado si no puede designarse ningún propietario y es preciso que el Juez nombre a alguien para el cargo.

Existen Juntas Ordinarias, que deben celebrarse al menos una vez al año por convocatoria del presidente, y Juntas Extraordinarias, que pueden convocarse a petición de al menos el 25 % de las cuotas de participación. La convocatoria debe indicar el lugar, día, hora y asuntos a tratar, así como la relación de propietarios morosos, con advertencia de la pérdida del derecho de voto por impago. Si en primera convocatoria no asisten la mayoría de propietarios y cuotas, se celebrará una segunda sin necesidad de quórum. Esta puede realizarse el mismo día, pasados 30 minutos, o bien convocarse en otra fecha dentro de los ocho días siguientes. Las citaciones deben realizarse con un mínimo de seis días para las Juntas Ordinarias y con antelación suficiente para las Extraordinarias. En casos excepcionales, la Junta puede reunirse sin convocatoria formal si asisten todos los propietarios y lo deciden por unanimidad.

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